Una afrenta a la democracia

A pesar de la fuerte reacción de la oposición y de la comunidad internacional, el dictador venezolano Nicolás Maduro, juramentó a toda la camarilla de su gobierno que fue supuestamente elegida por los servidores públicos y los miembros del aparato militar de ese convulsionado país, a través de un fraudulento proceso, como ha sido denunciado por la firma auditora que lo vigiló y supervisó en todo el horizonte de la jornada. No sirvieron las presiones del presidente Donald Trump y de los países europeos, que, junto con las naciones latinoamericanas, no aceptaron los resultados electorales del pasado domingo. Con ello, no ha podido apaciguar los ánimos enardecidos que tiene el pueblo venezolano, ante las medidas dictatoriales e infrahumanas, que ha implementado este gobierno. La profunda crisis social, económica y política en que se encuentra sumergida, han agudizado los enfrentamientos en las calles de las principales ciudades del país, por la falta de alimentos, medicinas y demás bienes necesarios para atender los mínimos vitales de una población desnutrida y enferma, que lucha a muerte para restaurar el orden constitucional y jurídico del territorio vecino. Más de 120 muertos, miles de presos políticos y heridos se han presentado desde que se iniciaron las marchas multitudinarias, producto de la reacción oficial, brutal que han emprendido las fuerzas armadas contra las familias que salen desesperadamente a protestar y a exigir un cambio en la dirección ejecutiva de dicha Nación.

A través de una retórica barata, Nicolás Maduro ha expresado que la nueva Constituyente, debe encargarse directamente del manejo de la Fiscalía, la cual va a intervenir y reestructurar porque se le ha convertido en la fuerza crítica y objetiva de los desafueros y abusos de poder, que ha venido cometiendo a través de un régimen fascista, contra todos los poderes públicos. De manera absurda e irracional, ha empezado a recibir serias amenazas contra su integridad personal y que será detenida en los próximos días. Por este motivo, Luisa Ortega está sido objeto de una medida cautelar de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por considerar que su vida e integridad enfrentan riesgo inminente de daño irreparable. Necesariamente, la tensión institucional y social generada en el marco de la alteración al orden constitucional y democrático, va  a ser abordado por los Organismos Mundiales y las Naciones Unidas que están pendientes y se encuentran monitoreando permanentemente la destrucción progresiva de este país que en otrora, era considerada una de las democracias más consolidadas del continente americano y que ahora se encuentra en los últimos lugares de los países parias y pobres de acuerdo a los sistemas de medición, que lo ubican en esos rangos dentro de esos contextos.